5 de enero de 2026
Desde nuestra declaración del 31 de diciembre de 2025, las manifestaciones y las huelgas han continuado y se han extendido a numerosas ciudades y provincias, mientras que la respuesta de las autoridades se ha caracterizado por un mayor uso de la fuerza, la militarización del espacio público y el aumento de las detenciones.
Según la información corroborada a partir de diversas fuentes, 25 personas han sido confirmadas como fallecidas desde el inicio del movimiento. Además, otras 9 muertes han sido reportadas pero no pueden, en esta etapa, confirmarse de manera independiente, lo que eleva el número total de fallecimientos reportados a 34. Entre las personas fallecidas se encuentran jóvenes y menores de edad.
Asimismo, al menos cincuenta personas han resultado heridas, algunas como consecuencia de disparos directos o del uso de armas de proyectiles, y varios cientos de personas han sido arrestadas, entre ellas estudiantes, trabajadores, manifestantes pacíficos y activistas cívicos.
En varias localidades, testimonios concordantes informan del uso de munición real, gases lacrimógenos disparados a corta distancia, golpes durante las detenciones y el traslado de personas arrestadas a lugares de detención no oficiales. Las familias permanecen sin información sobre el paradero de sus familiares detenidos, lo que genera serias preocupaciones sobre el riesgo de detención incomunicada, tortura, malos tratos y desapariciones forzadas.
Estos elementos indican que la respuesta de seguridad aplicada no se limita al mantenimiento del orden público, sino que busca restringir el ejercicio de los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y de asociación, en particular mediante el hostigamiento reiterado de estudiantes, trabajadores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Recordamos que el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión están protegidos por el derecho internacional y no admiten ninguna derogación. El mantenimiento del orden público no puede, en ningún caso, justificar el uso letal o desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos, ni las detenciones arbitrarias seguidas de incomunicación.
Dado el alto número documentado de muertes, heridos y personas detenidas, las respuestas internacionales limitadas a llamamientos generales a la contención resultan insuficientes.
Instamos a la comunidad internacional, en particular a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros, a:
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Reforzar de manera urgente los mecanismos internacionales independientes de investigación y documentación, a fin de incluir los acontecimientos recientes y garantizar la preservación de las pruebas.
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Intensificar la presión diplomática mediante acciones coordinadas, públicas e inequívocas que condenen la represión violenta y las detenciones arbitrarias.
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Activar mecanismos de rendición de cuentas específicos, conformes con el derecho internacional, contra las personas y entidades implicadas en violaciones graves, en particular aquellas que afectan al derecho a la vida y a la integridad física.
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Implementar medidas concretas de protección para las personas expuestas a riesgos inmediatos, incluidos los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los estudiantes y los testigos.
Las reivindicaciones expresadas a través de estas movilizaciones reflejan una demanda persistente de justicia social, dignidad y participación política, sostenida por amplios y diversos sectores de la sociedad.
La solidaridad internacional debe traducirse en acciones claras, coherentes y basadas en los derechos humanos. Proteger la vida, prevenir nuevas violaciones, lograr la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y combatir la impunidad son obligaciones derivadas de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Centro Zagros para los Derechos Humanos
