El Secretario General ha recibido la siguiente exposici\u00f3n escrita, que se distribuye de conformidad con la resoluci\u00f3n 1996\/31 del Consejo Econ\u00f3mico y Social.<\/p>\n
I. La escalada en el uso de la pena de muerte<\/strong><\/p>\n Desde las protestas nacionales que estallaron en diciembre de 2025, la situaci\u00f3n de los derechos humanos en la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica del Ir\u00e1n se ha deteriorado marcadamente. El per\u00edodo comprendido entre enero y mayo de 2026 se ha caracterizado por un aumento de las ejecuciones llevadas a cabo a un ritmo sin precedentes, muchas de ellas en secreto y todas tras procedimientos profundamente viciados. Las redes locales de documentaci\u00f3n registraron aproximadamente 700 ejecuciones solo en enero y febrero: 341 en enero y 353 en febrero. Estas cifras constituyen estimaciones m\u00ednimas. Los cortes de comunicaciones impuestos sistem\u00e1ticamente por las autoridades han limitado gravemente la documentaci\u00f3n independiente, y el n\u00famero real de ejecuciones durante todo el per\u00edodo examinado es con toda probabilidad considerablemente mayor. [1]\n El derecho a la vida est\u00e1 protegido por el art\u00edculo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, del que el Ir\u00e1n es Estado parte. Si bien el art\u00edculo 6 no proh\u00edbe categ\u00f3ricamente la pena de muerte en los Estados que a\u00fan no la han abolido, exige en los t\u00e9rminos m\u00e1s estrictos que la pena capital se aplique \u00fanicamente por los delitos m\u00e1s graves, tras procedimientos que satisfagan plenamente las normas del juicio imparcial, y nunca de forma arbitraria. Como documenta la presente exposici\u00f3n, ninguna de estas condiciones se cumple en el Ir\u00e1n.<\/p>\n II. El principio de legalidad y la instrumentalizaci\u00f3n de los cargos de seguridad<\/strong><\/p>\n Los tribunales revolucionarios del Ir\u00e1n funcionan sin independencia judicial, bajo la influencia generalizada de las instituciones de seguridad e inteligencia. Contin\u00faan juzgando y condenando a personas por cargos que no guardan relaci\u00f3n alguna con definiciones jur\u00eddicas reconocibles. T\u00e9rminos como \u00abcorrupci\u00f3n en la tierra\u00bb, \u00abenemistad contra Dios\u00bb, \u00abespionaje\u00bb y \u00abactuar contra la seguridad nacional\u00bb se aplican de manera deliberadamente indeterminada a cualquier forma de disidencia \u2014expresi\u00f3n c\u00edvica, participaci\u00f3n en protestas, contacto con medios de comunicaci\u00f3n independientes\u2014 que las autoridades deseen reprimir.<\/p>\n Este enfoque vulnera el principio de legalidad consagrado en el art\u00edculo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y en el art\u00edculo 11(2) de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, que exigen que los delitos penales se definan con claridad y precisi\u00f3n. La vaguedad de estos cargos no es accidental: al presentar la actividad c\u00edvica ordinaria como una amenaza existencial para la seguridad del Estado, las autoridades construyen un pretexto jur\u00eddico para la pena de muerte que el derecho internacional no reconoce ni puede reconocer. Al menos diez personas detenidas durante las protestas de enero de 2026 ya han sido ejecutadas por cargos de esta naturaleza. [2] [5]\n III. Derechos de las personas detenidas y condenadas a muerte<\/strong><\/p>\n La documentaci\u00f3n reunida durante el per\u00edodo examinado confirma un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de violaciones contra detenidos pol\u00edticos que enfrentan cargos capitales. A las personas condenadas a muerte se les neg\u00f3 el acceso r\u00e1pido a asistencia letrada independiente, en contravenci\u00f3n de las reglas Nelson Mandela 61(1) y 119, que exigen espec\u00edficamente un acceso reforzado a la asistencia jur\u00eddica para los reclusos condenados a muerte. Fueron sometidas a detenci\u00f3n en r\u00e9gimen de incomunicaci\u00f3n prolongada, en violaci\u00f3n de los art\u00edculos 7, 9(1) y 10(1) del Pacto y de las reglas Nelson Mandela 43(1)(b), 44 y 58 a 63. Fueron interrogadas bajo coacci\u00f3n f\u00edsica o psicol\u00f3gica, en contravenci\u00f3n de los art\u00edculos 7 y 14(3)(g) del Pacto. Y fueron privadas de contacto familiar regular, en violaci\u00f3n del art\u00edculo 17 del Pacto y de las reglas Nelson Mandela 58(1), 59 y 106, esta \u00faltima de las cuales otorga protecciones espec\u00edficas a los reclusos que enfrentan la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n En su conjunto, estas pr\u00e1cticas vulneran tanto las salvaguardias generales aplicables a todas las personas detenidas como las protecciones reforzadas que el derecho internacional otorga expresamente a quienes se encuentran condenados a muerte.<\/p>\n IV. Detenci\u00f3n en r\u00e9gimen de incomunicaci\u00f3n y desaparici\u00f3n forzada<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan la definici\u00f3n del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la detenci\u00f3n en r\u00e9gimen de incomunicaci\u00f3n constituye una forma de desaparici\u00f3n forzada cuando el Estado se niega a reconocer el paradero o la situaci\u00f3n de la persona detenida. En el Ir\u00e1n, este patr\u00f3n precede sistem\u00e1ticamente a la ejecuci\u00f3n. Las personas detenidas son trasladadas a lugares no revelados durante d\u00edas o semanas; sus familiares no reciben informaci\u00f3n alguna sobre su paradero o su situaci\u00f3n jur\u00eddica. Con frecuencia, las familias son informadas de las ejecuciones solo despu\u00e9s de que estas han tenido lugar, se les niega una \u00faltima visita y se les reh\u00fasa la devoluci\u00f3n de los restos de sus familiares. Al menos 26 ejecuciones pol\u00edticas se han llevado a cabo en condiciones de secreto absoluto desde el 17 de marzo de 2026, cifra que casi con certeza representa un subregistro significativo, dada la magnitud del corte de comunicaciones vigente durante ese per\u00edodo. [1] [3]\n V. Impacto desproporcionado en las minor\u00edas \u00e9tnicas<\/strong><\/p>\n La pena de muerte sigue recayendo con fuerza desproporcionada y documentada sobre las comunidades marginadas, en particular los kurdos, los baluchis y los \u00e1rabes ahwaz\u00edes. En las provincias kurdas, presos pol\u00edticos y activistas civiles reciben con regularidad condenas a muerte por vagos cargos de seguridad nacional, tras procedimientos que no ofrecen ninguna oportunidad real de defensa. Las familias son objeto de intimidaci\u00f3n sostenida y se les advierte que no se comuniquen con medios independientes ni con organizaciones de derechos humanos. [3]\n En las regiones baluchis, los datos disponibles indican que los cargos relacionados con estupefacientes se aplican con una frecuencia significativamente mayor contra detenidos baluchis que contra poblaciones comparables de otras zonas, lo que suscita preocupaciones serias y documentadas de que el enjuiciamiento penal se est\u00e9 utilizando como pretexto para la ejecuci\u00f3n de personas pertenecientes a una comunidad ya estructuralmente marginada. La mayor\u00eda de los ejecutados proceden de contextos de pobreza extrema, acceso limitado a servicios jur\u00eddicos y discriminaci\u00f3n institucional persistente. Los procedimientos seguidos en su contra se han caracterizado de forma sistem\u00e1tica por juicios expeditivos, acceso restringido a asistencia letrada y dependencia de confesiones impugnadas. [2] [4]\n VI. Impacto social y silenciamiento de la sociedad civil<\/strong><\/p>\n El efecto acumulado de las ejecuciones masivas y la detenci\u00f3n arbitraria se extiende mucho m\u00e1s all\u00e1 de las personas directamente afectadas. Los defensores de los derechos humanos, los abogados y los periodistas que documentan o cuestionan estos abusos se enfrentan a detenciones, procesos penales y restricciones profesionales. Las ejecuciones p\u00fablicas \u2014y las ejecuciones difundidas por medios afines al Estado\u2014 normalizan la violencia estatal y funcionan como instrumentos de disuasi\u00f3n colectiva dirigidos a la sociedad en su conjunto.<\/p>\n Las familias de las personas ejecutadas soportan una carga particular. Antes de la ejecuci\u00f3n, los familiares de los condenados a muerte padecen una incertidumbre prolongada, sin acceso a informaci\u00f3n fiable sobre los procedimientos o el paradero de sus allegados. Tras la ejecuci\u00f3n, siguen siendo silenciados: testimonios documentados describen intimidaci\u00f3n, citaciones de los servicios de seguridad, restricciones a las reuniones funerarias y, en algunos casos, la firma forzada de compromisos que limitan sus declaraciones p\u00fablicas. Las familias de las v\u00edctimas y los defensores de los derechos humanos contin\u00faan enfrentando obst\u00e1culos importantes para acceder a informaci\u00f3n, a recursos judiciales o a cualquier reconocimiento oficial de las violaciones cometidas contra sus familiares. [1]\n VII. Impunidad y responsabilidad internacional<\/strong><\/p>\n Pese a los informes persistentes y bien documentados sobre torturas, desapariciones forzadas, confesiones forzadas y violaciones del derecho a un juicio imparcial, no se ha iniciado ninguna investigaci\u00f3n independiente ni transparente sobre los funcionarios implicados en estas pr\u00e1cticas. Los mecanismos nacionales existentes carecen tanto de la independencia como de la capacidad necesarias para garantizar una verdadera rendici\u00f3n de cuentas. La impunidad no es una laguna del sistema: es una caracter\u00edstica estructural de este, y sigue alimentando nuevas violaciones.<\/p>\n El Consejo de Derechos Humanos y los Estados Miembros deben reforzar urgentemente su respuesta. Los \u00f3rganos internacionales de vigilancia necesitan mayor apoyo para reunir, preservar y analizar pruebas de las violaciones. El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias deber\u00eda otorgar prioridad sostenida al Ir\u00e1n, prestando atenci\u00f3n espec\u00edfica al ritmo sin precedentes de las ejecuciones, al uso sistem\u00e1tico de confesiones forzadas, a las detenciones masivas vinculadas a las protestas y a la vulnerabilidad documentada de las minor\u00edas \u00e9tnicas y nacionales. Los Estados Miembros deber\u00edan apoyar las iniciativas destinadas a reforzar los mecanismos internacionales de investigaci\u00f3n de los hechos y de rendici\u00f3n de cuentas. El silencio ante un Estado que emplea la pena de muerte como instrumento de control pol\u00edtico no es una posici\u00f3n neutral: permite que estos cr\u00edmenes contin\u00faen.<\/p>\n VIII. Recomendaciones<\/strong><\/p>\n El Consejo de Derechos Humanos deber\u00eda exhortar a las autoridades iran\u00edes a que, de forma inmediata:<\/p>\n \u2013 Establezcan una moratoria de las ejecuciones con miras a la abolici\u00f3n total de la pena de muerte;<\/strong><\/p>\n \u2013 Garanticen el derecho a un juicio imparcial y el acceso inmediato a asistencia letrada independiente desde el momento de la detenci\u00f3n;<\/strong><\/p>\n \u2013 Pongan fin al uso de confesiones forzadas e inicien investigaciones independientes sobre todas las denuncias de tortura y desaparici\u00f3n forzada;<\/strong><\/p>\n \u2013 Cesen el uso de vagos cargos de seguridad nacional contra activistas c\u00edvicos, periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros de minor\u00edas \u00e9tnicas y religiosas;<\/strong><\/p>\n \u2013 Aseguren la protecci\u00f3n efectiva de las familias de las v\u00edctimas, los abogados y los defensores de los derechos humanos frente a represalias e intimidaci\u00f3n;<\/strong><\/p>\n \u2013 Permitan el acceso pleno y efectivo a todos los mecanismos internacionales pertinentes de derechos humanos y cooperen incondicionalmente con los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n
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